En el panorama  nacional se evidencian las grandes tensiones políticas ligadas a las maniobras reeleccionistas, a la intensificación de la pobreza, el desempleo y la continuidad de la represión, las amenazas y la violación de los derechos humanos  contra los líderes populares, en particular contra los universitarios.

En materia de Educación Superior, la aparición de un proyecto de Decreto único temático que,  supuestamente,  incorpora  las normas reglamentarias que se encuentran vigentes, divulgado el 30 de diciembre de 2009, con un plazo para hacer observaciones, hasta el 12 de enero, de 2010, inicialmente, luego  hasta el 30 y finalmente aplazado a la espera de la reforma a la ley 30.

No deja de ser sospechoso, si se tiene en cuenta el anuncio de la Ministra de Educación de promover una reforma a la ley 30, anuncio que suscita más de un interrogante. La ley 30, a pesar de que fue expedida en el contexto de la Constituyente de 1991,  estuvo precedida de un debate en el que participaron académicos y contó con el aval del Congreso de Profesores reunido en Paipa, contiene visibles inconsistencias. Entre ellas, la definición de la educación como un servicio y no como un derecho; consagra  la autonomía universitaria con base en la Constitución Nacional, pero de hecho la niega, en  la composición de los Consejos Superiores, con una mayoría abrumadora de los sectores externos; y las fallas en la organización del sistema de educación superior.

Pero lo fundamental de la ley, actualmente en la mira de la Ministra, es el Artículo 86, según el cual se establece la indexación de las transferencias de la Nación a las universidades públicas. En realidad, la financiación adecuada de la educación superior ha sido una consigna de los universitarios colombianos a lo largo del siglo XX, en jornadas memorables, que han dejado muchas víctimas y sangre derramada. Por eso el Artículo 86 no es concesión  gratuita, sino resultado de un complejo proceso desplegado en el tiempo. Desde luego no es la panacea, que resuelve las  necesidades crecientes de la educación superior, pero su desmonte  sería el golpe más certero contra la política de subsidio a la oferta de la Educación Superior y la consecuente ruina de todas las universidades públicas.

Los 2 billones de pesos que se transfieren a las universidades representan una cifra exigua en el Presupuesto Nacional /2010 y una vergüenza nacional si se compara con  otros  países de América Latina de similar desarrollo  y desde luego con países desarrollados, pero tiene enemigos externos e internos muy poderosos. Entre los externos, el Banco Mundial,  que presiona la disminución de los gastos del Estado, para imponer la doctrina neoliberal; entre  los internos, los ideólogos del mismo dogma  encubiertos en el paradigma de la educación como servicio transable que debe ser financiado por los estudiantes y padres de familia, en el mercado perverso de la educación. En este año las matrículas en las universidades privadas están en un rango entre 3 millones y 7 millones de pesos, por semestre llegando  hasta el extremo de 15 millones, por semestre,  en algunas carreras de universidades de élite.

El Gobierno y sus asesores mencionan que se trata de un mecanismo de recuperación de costos, lo que axiomáticamente significaría  aumento exorbitante de las matrículas, que en la actualidad representan apenas un 5% del presupuesto de las universidades. Para que se conviertan en un rubro significativo deberían estar  en el orden de unos 3 millones de pesos por semestre. La pregunta es: ¿Esa cifra está al alcance de los cerca de 650.000 estudiantes matriculados actualmente en las universidades públicas, por sus méritos académicos?.

Es la confrontación ideológica y política. Por una parte los partidarios de reconocer la educación como un derecho que debe financiar la sociedad a través del  Estado, esfuerzo que la universidad retribuye  con el cumplimiento de su misión al más alto nivel. Por otra parte, los partidarios del desmonte del subsidio a la oferta, para imponer el del subsidio a la demanda, a pesar del rotundo fracaso y las gravísimas consecuencias que experimenta el pueblo colombiano en el sistema de salud.

Por lo pronto es necesario, con la mayor urgencia encender todas las señales de alerta frente a las pretensiones de desmontar el Artículo 86 de la ley 30, que representa un piso mínimo, pero indispensable  para subsistir. Su desmonte llevaría a la eutanasia de todo el sistema de educación pública que tanto incomoda a los apóstoles del neoliberalismo y a los gobernantes de turno. El artículo 86 no responde a los complejos componentes académicos, culturales y administrativos de la educación superior, pero es un arma muy valiosa de resistencia frente al chantaje y la manipulación, para violar la autonomía universitaria e imponer una política de asfixia presupuestal y marchitamiento académico de la educación superior, con la consigna globalizada de privatizar, privatizar, privatizar.

Los demás aspectos de la ley: campos de acción, acreditación, formación integral etc…pueden ser discutidos cuando se conozca el proyecto de ley.

El estado de alerta general debe estar acompañado de foros, talleres, seminarios, asambleas, debates, movilizaciones, audiencia en el Senado, sin olvidar que esta política de degradación de la educación superior está ligada a las pretensiones reeleccionistas del presidente Uribe y sus acólitos.

POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, NO AL DESMONTE AMAÑADO DEL ARTICULO 86 DE LA LEY 30.

COMITÉ OPERATIVO

 MULTIESTAMENTARIA NACIONAL

(ACEU, OCE, FUN, FENALPROU, ASPU, SINTRAUNICOL)