 Casi dos siglos después de las gestas libertadoras Colombia aún no llega a un Estado pleno de democracia que garantice los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de sus ciudadanos.
Es esta deuda histórica de quienes han detentado el poder la que arrojó al pueblo colombiano a una condición permanente de guerra, que se expresa en primer lugar en la guerra social del Estado contra los ciudadanos, provocando con ello el surgimiento del conflicto militar que consume las vidas, bienes y espíritus de los colombianos y colombianas, que se ven atrapados entre el conflicto político y social y su inevitable desarrollo armado.
Colombia no ha conocido la democracia en tanto no ha conocido la paz, entendida esta como la solución de las necesidades básicas de sus ciudadanos y la generación de las suficientes garantías para la participación política de las distintas opiniones y desde distintos puntos de vista sobre la realidad colombiana.
El cierre de hospitales y clínicas públicas, la privatización del seguro social, la privatización de ECOPETROL, la privatización de las empresas de servicios públicos y el reciente intento por privatizar las Universidades Públicas, son una muestra de la guerra social del gobierno de Uribe contra el pueblo colombiano.
En el campo militar lejos de buscar la paz, como su primer deber, el gobierno de Uribe intensifica la guerra llamando terroristas a todos aquellos quienes se atreven a exigir sus derechos. Son terroristas los universitarios que no quieren ver privatizada su universidad, son terroristas los empleados que exigen el pago de meses y meses de salario atrasado, mientras se muestran más los vínculos del gobierno y los parlamentarios uribistas con los paramilitares y el narcotráfico, se intensifica la persecución a aquellos que denuncian estos hechos y buscan una opción distinta a la política tradicional.
Hoy la voz del MAESTRO MONCAYO es la voz de todos esos colombianos que exigen la búsqueda de la paz y no la intensificación de la guerra, de todos los colombianos “de a pie” que quieren que se les respeten sus derechos. El Estado colombiano y el presidente como su representante tienen el deber de garantizarnos el derecho a la paz y la vida digna.
El acuerdo humanitario es una vía posible para la paz con justicia social, unámonos todos a este propósito en la idea de cumplir con los sueños de aquellos que casi dos siglos atrás lo dieron todo por nuestra independencia y alcanzar así una Colombia verdaderamente democrática.
Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios ACEU
"Por una Universidad Crítica, Creadora y Transformadora" |
